ACERCA DEL DERECHO DE LAS PERSONAS SORDAS A UNA TELEVISIÓN ACCESIBLE.

Por José Gabriel Storch de Gracia y Asensio

Profesor Titular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
Abogado. 
Secretario General de la Confederación Nacional de Sordos de España (C.N.S.E.).

SUMARIO:

I.- Introducción y planteamiento de la cuestión.
II.- La declaración del derecho a recibir información en general.
III.- La declaración del derecho a recibir información a través de la televisión.
IV.- La exigibilidad del derecho a recibir información a través de la televisión.
V.- Conclusión.
Anexo.- Extracto de la legislación autonómica acerca de la eliminación de las barreras de comunicación y de accesibilidad a los medios de comunicación.

I.- INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN.

	Con motivo de la celebración, el pasado día 28 de septiembre, es decir, coincidiendo con el último domingo de dicho mes, del Día Mundial del Sordo, la C.N.S.E.. emitió un Manifiesto, por medio del cual denuncia “... la situación discriminatoria en que se hallan las personas sordas en España...”, entre otras razones, por “... la situación de inferioridad discriminatoria de las personas sordas con respecto a las personas oyentes, de la Lengua de Signos Española ante cualquier lengua oral del Estado Español...”, reivindicando, entre otros extremos (relativos a la adecuada divulgación de la Lengua de Signos Española entre los oyentes), “... El reconocimiento del derecho de las personas sordas al acceso expedito a los medios de comunicación social, suprimiéndose al efecto las barreras y limitaciones existentes, para una adecuada y eficaz comunicación, creándose servicios de subtitulación en emisiones de televisión, Programas en Lengua de Signos Española y videoconferencias telefónicas, inspirados en el principio de igualdad de oportunidades socioeconómicas y culturales...”.

	Como quiera que el Derecho es para la vida y no al contrario y, además, para esta vida de ahora, no la de mil o dos mil años, el fundamento normativo de aquél ha de descansar en el correcto análisis y valoración de los intereses en juego en las relaciones sociales todas, intereses de las fuerzas sociales vivas y de todas las personas –sordas o no-, lo que impone la necesidad de proteger aquellos intereses en la medida en que ello sea preciso, elevándolos a la categoría de “derechos subjetivos”, es decir y en la concepción de IHERING, de “intereses jurídicamente protegidos”. Protección de los intereses legítimos que conforma la propia esencia del Derecho, realizando éste su propio fin: Mejorar la técnica jurídica para que los hombres vivan mejor, pues toda mejora en la técnica jurídica se traduce en una liberación del hombre, un aumento de la libertad individual, porque, como dijera ASCARELLI, “todo progreso lo es del hombre y de su libertad”. 

	En el Manifiesto a que antes hicimos referencia, late, en esencia, la legítima aspiración de las personas sordas a la mejora de su calidad de vida o, dicho en términos constitucionales, a ejercer el derecho al “libre desarrollo de la personalidad”,  mediante una adecuada y normal integración de aquéllas en la sociedad española, por eliminación de la única barrera que, efectivamente, la impide o dificulta: La de  comunicación. Téngase en cuenta que los sordos “oímos por los ojos” (por medio de las lecturas gestual, labial  y textual, es decir, en todo caso, a través de signos e imágenes)

	Prescindiendo aquí y por ahora de las cuestiones referentes a la divulgación de la Lengua de Signos Española, vamos a centrar el presente artículo en el estudio de una interesantísima cuestión jurídica: Habida cuenta de las limitaciones de las personas sordas para acceder rápida e inmediatamente a los medios de comunicación social (la Radio está, obviamente y dado el estado actual de la Técnica, descartada y la Prensa no tiene ese carácter de inmediatez informativa, quedando, pues, la Televisión, siempre que ésta emita sus programas con apoyo de las imágenes que, adecuadamente, permitan las antes citadas lecturas gestual, labial y/o textual), ¿tienen aquéllas derecho al acceso expedito a los programas televisivos, ya por la subtitulación de los mismos, ya por su emisión por medio de lengua gestual?. Y, en caso afirmativo, ¿está suficientemente protegido –por exigible- este derecho en el estado actual de la legislación española?.

	A estas cuestiones vamos a centrar este trabajo.

II.- LA DECLARACIÓN DEL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN EN GENERAL.

	En un sentido genérico o abstracto, está fuera de toda duda que todos y cada uno de los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información en general.

En efecto, según el tenor del art. 20.1.d) de la Constitución, “... se reconocen y protegen los derechos... a comunicar o recibir libremente información veraz por medio de cualquier medio de difusión...”, añadiendo los siguientes apartados del mismo artículo que “... el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa...”, que “... la ley regulará la organización y control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España ...” y que “... estas libertades tienen su límite en el respeto de los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia...

Señala el Tribunal Constitucional al respecto que “... la libre comunicación y la no menos libre recepción de información se configura, en principio, como un derecho fundamental de la ciudadanía, aun cuando sea con el talante instrumental de una función que garantiza la existencia de una opinión pública también libre, indispensable para la efectiva consecución del pluralismo político como valor esencial del sistema democrático...”  y que “... en su art. 20.1 la CE garantiza no sólo derechos subjetivos, sino la misma existencia de una comunicación pública libre...”,   con la consecuencia de que “... el art. 20 CE, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática...”. 

	Este doble carácter de libertad fundamental y de garantía de la formación de una opinión pública libre ha justificado la especial protección del derecho a emitir y recibir información, atribuyéndose, en principio, su titularidad a toda la sociedad. Pero su adecuada configuración jurídica exige que el ejercicio y la protección de dicho derecho sea atribuida, también, a y ante todos y cada uno de los miembros de aquella sociedad, individualmente considerados. Y así ha sido establecido por una reiterada Jurisprudencia constitucional que, a partir de sendas Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,    afirma expresamente que “...el art. 20 CE establece, en su núm. 1 ap. d), un derecho doble que se concreta en comunicar la información y recibirla de manera libre en la medida en que la información sea veraz. Objeto de este derecho es, por consiguiente, el conjunto de hechos que puedan considerarse como noticiables o noticiosos y de él es sujeto primero la colectividad y cada uno de sus miembros, cuyo interés es el soporte final de este derecho, del que es asimismo sujeto, órgano o instrumento el profesional del periodismo puesto que a él concierne la búsqueda de la información y su posterior transmisión...”,  que “... al incluir los derechos a la libre comunicación y a recibir una información veraz en su art. 20, la CE tiene en cuenta ciertamente la posición jurídica subjetiva de quienes comunican la información, pero protege también, con la garantía reforzada que otorga a los derechos fundamentales y libertades públicas, la facultad de cada persona y de la entera colectividad de acceder libremente al conocimiento, transmitido por los medios de comunicación, de los hechos de relevancia realmente acaecidos...”,  o que  “... la comunicación informativa a que se refiere el ap. d) del art. 20.1 CE versa sobre hechos que pueden encerrar trascendencia pública a efectos de que sea real la participación de los ciudadanos en la vida colectiva, de tal forma que de la libertad de información y del correlativo derecho a recibirla es sujeto primario la colectividad y cada uno de sus miembros, cuyo interés es el soporte final de este derecho...”.  

	Añadiendo la Jurisprudencia constitucional, en orden al ejercicio de los derechos cuestionados, que “... la fórmula del art. 20.1 d) CE incluye dos derechos distintos, si bien íntimamente conectados: a) el derecho a comunicar información, que en cierto sentido puede considerarse como una simple aplicación concreta de la libertad de expresión; y b) el derecho a recibir esa misma información...”,  matizando, respecto de este último, que “... el derecho a recibir una información veraz es un instrumento esencial de conocimiento de los asuntos que cobran importancia en la vida colectiva y que, por lo mismo, condiciona la participación de todos en el buen funcionamiento del sistema de relaciones democráticas auspiciado por la CE, así como el ejercicio efectivo de otros derechos y libertades. Por ello, resultan menoscabados los derechos reconocidos en el art. 20.1 d) CE tanto si se impide comunicar o recibir una información veraz, como si se difunde, se impone o se ampara la transmisión de noticias que no responden a la verdad, siempre que ello suponga cercenar el derecho de la colectividad a recibir, sin restricciones o deformaciones, aquéllas que sean veraces...”,   y que “... el derecho de comunicar y recibir información, se concreta y satisface en un comportamiento de su titular consistente en la realización de los actos en que el propio derecho consiste, y la lesión directa se produce en todos aquellos casos en que tal comportamiento -los actos de comunicación y de difusión- se ven impedidos por vía de hecho o por una orden o consignación, que suponga un impedimento para que la información sea realizada...”. 

	Es evidente que, por las peculiaridades de los casos enjuiciados –se cuestionaban en todas estas Sentencias los límites al derecho a la información activa, ésto es, al derecho a informar-, no se menciona, si se nos permite parafrasear esta última Sentencia, la lesión que se produciría  “... en todos aquellos casos en que tal comportamiento -los actos de recepción- se ven impedidos por vía de hecho o por una orden o consignación, que suponga un impedimento para que la información sea recibida...” (las sustituciones y subrayados son nuestros), pero que, en todo caso, no impide, para una adecuada configuración del derecho a recibir información, que dicha doctrina constitucional sea enteramente aplicable, mutatis mutandis, a los actos obstativos del pleno ejercicio del mencionado derecho de información pasiva. Con relación a este último derecho, la Jurisprudencia contencioso-administrativa ha dejado sentado que “...el art. 20 CE proclama la libertad de expresión en todas sus modalidades, entre otras, la de comunicar y recibir información, derecho a recibir libremente información que corre a la par con el derecho a comunicarla libremente también, como las dos caras de un mismo fenómeno, cuya perturbación desde fuera está estrictamente prohibida por mandato constitucional, lo que quiere decir que el derecho del potencial receptor consiste en el de recibir la información que se transmite libremente...”. 

	Actos obstativos que han de encuadrarse dentro de lo que la propia Constitución prohibe: “... el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa...”. Nótese que el texto constitucional no distingue cuáles de tales derechos, sino que incluye en esta prohibición a todos los enumerados en el propio art. 20. Ubi lex non distinguit, non distinguere debemus.

Dejando de lado, por ahora, el análisis de los instrumentos comunicativos de la Conversación Oral (cuyo defecto, con relación a los sordos, puede suplirse mediante el conocimiento y uso generalizado de la lengua gestual o de signos, no sólo por aquéllos, sino también por las personas oyentes, para hacer cierta la aspiración constitucional de lograr la plena integración social de todos)  y de la Radio (prácticamente vedada para las personas sordas, por ahora y dado el estado actual de la Técnica, siendo, pues, baladí hacer cuestión alguna en este terreno), nos queda el único medio de comunicación social que nos permite recibir información directa e inmediata por medio de las imágenes: La Televisión. 

III.- LA DECLARACIÓN DEL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN.

	Concretando, pues y por las razones antedichas, el ámbito de este estudio a la medida de la exigibilidad del derecho a recibir información a través del medio televisivo, hemos de afirmar que tal derecho está consagrado constitucionalmente como uno de los medios básicos para el ejercicio de los derechos fundamentales conformadores de la estructura pluralista y democrática de la Sociedad, pues, como dice, harto reiteradamente, el Tribunal Constitucional, “... Respecto a la consideración de la televisión como servicio público, no debe olvidarse que el art. 20 CE, además de los derechos subjetivos de expresión e información, garantiza el derecho de todos a recibir información y tiene una misión de garantía de una institución fundamental cual es la opinión pública libre, que transciende a lo que es común y propio de otros derechos fundamentales (S 104/1986, FJ 5.°)... la comunicación pública libre no sólo exige la garantía del derecho de todos los ciudadanos a la expresión del pensamiento y a la información, sino también la preservación de un determinado modo de producirse de los medios de comunicación social, porque tanto se viola la comunicación libre al ponerle obstáculos desde el poder, como al ponerle obstáculos desde los propios medios de difusión (STC 12/1982, FJ 6.°)... y por lo que respecta a la televisión, el legislador ha querido que su modo de producción sea en forma de servicio público también, y así se dice en la E. de M. L 4/1980 de 10 Ene. (Estatuto de Radiodifusión y Televisión), porque también la televisión es un vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación con el sistema educativo, de difusión de cultura española y de sus nacionalidades y regiones, así como medio capital para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas...”. 

Haciéndose omisión, aquí, del tratamiento del derecho (empresarial) al libre establecimiento de medios de comunicación social televisivos -al que se refieren las Sentencias mencionadas y que guarda relación, no sólo con el derecho a la libertad de expresión, sino también al de libertad de establecimiento mercantil, ex arts. 33 y 38 de la Constitución, con las limitaciones y requisitos establecidos en las leyes reguladoras de dichos medios-, es claro que, a la luz de la doctrina constitucional transcrita, tal libertad de establecimiento tiene su contrapunto en la exigencia de pluralismo y de veracidad en la información que se difunde, a fin de afirmarse, de este preciso modo, la plena existencia de una opinión pública verdaderamente libre, de la que es –o debe ser- beneficiaria, la sociedad entera y todos y cada uno de sus integrantes, sin exclusiones.

Pero resulta que, por vía de hecho, las personas sordas tienen dificultado o impedido –así, pues, limitado o menoscabado, en mayor o menor medida, según la intensidad de la sordera- su derecho a recibir información, cuando ésta se instrumenta mediante el sonido: Conversación oral, Radio y Televisión.

La doctrina constitucional, recogida en las Sentencias citadas en último lugar, señala que la legitimidad constitucional de la calificación de la televisión como servicio público responde a una serie de razones, entre las que se cuentan las de carácter técnico, que no son, sin embargo, las únicas que pueden justificar este tipo de configuración del medio. Así, la calificación de servicio público es constitucionalmente legítima desde el momento en que el legislador la considera necesaria para garantizar -en términos de igualdad y efectividad- determinados derechos fundamentales de la colectividad, pero no es, en absoluto, una etiqueta que una vez colocada sobre el medio, permita cualquier regulación de la misma, ya que hay en juego derechos subjetivos -los de comunicar (y recibir) libre y verazmente el pensamiento y la información- que la publicación limita y sacrifica en favor de otros derechos, pero que no puede en modo alguno eliminar.

El Tribunal Constitucional, en más de una ocasión, ha señalado alguna de las condiciones que hacen constitucionalmente legítima la regulación de esta actividad (televisiva) como servicio público.  Así, refiriéndose en general a los medios de comunicación, dice el Tribunal Constitucional que “para que se produzcan dentro del orden constitucional tienen ellos mismos que preservar el pluralismo” y por lo que respecta a la televisión privada, que “su implantación era una decisión política que podía adoptarse siempre que, al organizarla, se respeten los principios de libertad, igualdad y pluralismo, como valores fundamentales del Estado”. 

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos  ha declarado que “si bien es verdad que los Estados miembros gozan de un cierto margen de apreciación para decidir sobre la existencia y la extensión de las injerencias en la libertad de expresión (art. 10.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), no lo es menos que corresponde a ese Tribunal juzgar si las medidas en que se concreta esa injerencia se justifican y son proporcionadas, de acuerdo con los límites expresados en el párr. 2 del precepto citado, o sea, restricciones previstas por la Ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para los fines que indica…”. 

En España, la televisión, al igual que la radio, está declarada servicio público esencial y su gestión está regulada en forma mixta, es decir, pública -por el Estado y las Comunidades Autónomas - y privada, por las sociedades privadas que han obtenido la pertinente concesión para ello. 

El art. 1º, 2 de la Ley 4/1.980, de 10 de enero, consagra el principio de que la radiodifusión y la radiotelevisión son «servicios públicos esenciales» cuya titularidad corresponde al Estado.  La consideración de la televisión como un servicio público esencial la fundamenta paladinamente en el preámbulo de dicha ley en que “... tanto la televisión como la radiodifusión son un vehículo esencial de información y de participación política de los ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación con el sistema educativo, de difusión de la cultura española y de sus nacionalidades y regiones y de medio de contribución para que la libertad y la igualdad sean efectivas...”. Todo ello permite afirmar, como hace el Tribunal Constitucional, que la configuración de la televisión como servicio público, aunque no sea una afirmación necesaria en nuestro orden jurídico-político, se encuentra dentro de los poderes del legislador.

Servicio público esencial que, en nuestro sistema jurídico, se inspira en unos principios de orden constitucional, cuyo alcance quedó expresado en la doctrina del Tribunal Constitucional anteriormente extractada.

En el ámbito de la Televisión de titularidad pública, el art. 4 de la Ley 4/1.980, de 10 de enero, Reguladora del Estatuto de la Radio y la Televisión, dice lo siguiente:

La actividad de los medios de comunicación social del Estado se inspirará en los siguientes principios:
a)	La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones.
b)	La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes sustentan estas últimas y su libre expresión, con los límites del apartado 4 del artículo 20 de la Constitución. 
c)	El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico. 
d)	El respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas y cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución. 
e)	La protección de la juventud y de la infancia. 
f)	El respeto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la Constitución. 

En idéntico sentido y con relación a la Televisión privada, el art. 3 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, reguladora de su estatuto jurídico, establece que “... La gestión indirecta por parte de las Sociedades concesionarias se inspirará en los principios expresados en el artículo 4º de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión...”.  

El cumplimiento de todos estos fines justifica la calificación legislativa de que la televisión –ora sea de gestión directa o pública, ya de gestión indirecta o privada- sea un servicio público esencial. O, como dice la Exposición de Motivos de la Ley 10/1.988, de 3 de mayo, reguladora de la Televisión Privada, “... La finalidad de la televisión como tal servicio público ha de ser, ante todo, la de satisfacer el interés de los ciudadanos y la de contribuir al pluralismo informativo, a la formación de una opinión pública libre y a la extensión de la cultura ...”. 

Entendido, con carácter general y con las oportunas salvedades doctrinales, un servicio público como “ ...aquella actividad constituida por el Poder Público para satisfacer necesidades colectivas, prestada por la Administración –directa o indirectamente- con carácter general y continuo y sometida a un régimen jurídico especial ...”,  es de notar que una de sus características es la de generalidad o universalidad, ésto es, que los servicios públicos se constituyen para proporcionar utilidad a todos los ciudadanos interesados.

	Pero es que, además, tanto por la Constitución como por las Leyes especiales antes reseñadas, se califica a la Televisión como servicio público esencial, entendida esta esencialidad como característica sin la cual no pueden entenderse correctamente ejercitables ciertos derechos fundamentales. 

	Tanto más esencial para las personas sordas, cuanto que éstas sólo pueden recibir información a través de las imágenes y del texto, no del sonido. De manera que si no se hace accesible la Televisión a aquéllas, mediante la adecuada subtitulación de sus programas –especialmente los de contenido informativo-, se incumple el principio de la generalidad del servicio público de televisión y, lo que es más grave aún, se les cercenan o limitan aquellos derechos fundamentales que son ejercitables a través de dicho medio de comunicación.

	Si consideramos, como establecen taxativamente los arts. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 10.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que el derecho fundamental de libre expresión comprende, también, el derecho a recibir información,  la falta de accesibilidad a la información televisiva por parte de las personas sordas,  niega radicalmente el ejercicio por las mismas del mencionado derecho fundamental, calificado, como se dijo antes con harta reiteración, esencial para la constitución de una sociedad libre y democrática.

Y no sólo eso, con ser grave, sino que, también, se incumplen los fines expresados en el art. 4 de la Ley 4/1.980, de 10 de enero, Reguladora del Estatuto de la Radio y la Televisión, y demás normas concordantes, anotadas anteriormente. A saber: Además de desconocer, en los términos dichos, el derecho a la libertad de expresión, se vulneran aquellos otros derechos fundamentales que utilizan el lenguaje como vehículo de articulación (derecho a la educación, derecho a la defensa jurídica –especialmente en aquellos procesos donde predominan los principios de oralidad e inmediatez, cada vez más numerosos, a la luz de las más recientes reformas procesales-, derecho al acceso a la cultura, etc.),  se ignora el pluralismo informativo por desconocimiento de la especificidad social, cultural y lingüística de las personas sordas,  y se discrimina a éstas, despreciándose, así, el necesario respeto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la Constitución. 

	Valores que son explícitamente recogidos en diversos Acuerdos de Organismos internacionales y que, aún, no han sido objeto de aplicación generalizada en la práctica, legislativa y reglamentaria, española. 

IV.- LA EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN.

	Por todo lo antedicho, el derecho a una televisión accesible -como presupuesto indispensable para el ejercicio por parte de las personas sordas de otros derechos fundamentales reconocidos en el Capítulo Segundo del Libro Primero de la Constitución- vincula a todos los poderes públicos, y así se establece explícitamente en el art. 53.1 de la Constitución, con la consecuencia de que las leyes que han de regular el ejercicio de los derechos fundamentales allí reconocidos han de respetar, en todo caso, su contenido esencial (así, por ejemplo, para el derecho al acceso a la cultura, ex art. 44.1 de la Constitución, en conexión con la finalidad de divulgación cultural, además de meramente informativa, de la televisión, así reconocida en su legislación especial, en los términos antedichos).

Pero no sólo eso: Una televisión inaccesible, por afectar al ejercicio de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 (derecho a la igualdad) y en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución (derecho a la libre expresión, ex art. 20, y derecho a la educación, ex art. 27), plantea la razonable consecuencia de que el derecho a la televisión accesible por parte de las personas sordas pueda ser directa e incondicionalmente exigible por éstas ante las Empresas titulares de la gestión de las correspondientes cadenas de televisión, ante las Autoridades administrativas competentes y, en su caso, ante los Tribunales ordinarios -que, por afectar dicha reclamación al derecho a la libre expresión, puede ejercitarse a través del procedimiento sumario concedido por la Ley 62/1.978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona-, terminando dicha reclamación, eventualmente, con el correspondiente recurso constitucional de amparo, ex arts. 53.2 y 161.1.b) de la Constitución o con una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En casos de menor entidad así se ha reconocido.

Esta reclamación directa y jurídicamente incondicionada puede concretarse, por ahora y sin excluir otros medios que el continuo avance de la Técnica pueda ofrecer en el futuro, en el establecimiento, simultáneo a la emisión de los programas informativos (entendidos éstos, en la línea de la jurisprudencia constitucional, como aquéllos que sean conformadores de opinión pública libre, tales como noticiarios o telediarios, avances informativos, programas de debates políticos y/o sociales, revistas informativas, espacios electorales, etc.), de los siguientes medios de traducción de las informaciones emitidas por medio sonoro:

a)	En todo caso, mediante la subtitulación textual en las lenguas orales (oficiales) vigentes. 

b)	De modo eventual, por ahora, a través de la traducción a la lengua gestual correspondiente. 

Y ante la más que probable objeción –generalmente fundadas en razones de índole presupuestaria, o amparadas en lo dispuesto en el apartado 3 del art. 53 de la Constitución, por el que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo Tercero del Título Primero de dicha Constitución sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que se disponga en las leyes que los desarrollen, pues podríamos hallarnos ante un “derecho fundamental de prestación” más que ante una “libertad fundamental”, en el sentido apuntado, reiteradísimamente, por la doctrina del Tribunal Constitucional-, se ha de señalar que, por el momento y a la vista del estado actual de la legislación española, el derecho a una televisión accesible es defectuosamente exigible de manera inmediata e incondicionada si se funda solamente en razones de legalidad ordinaria.

En efecto, y con relación a lo dispuesto en el art. 49 de la norma constitucional, referido a la exigencia del amparo especial que los poderes públicos han de dispensar a los disminuidos para el disfrute de los derechos que la propia Constitución reconoce a todos los ciudadanos, existe una prolija legislación que –directa o indirectamente- podría legitimar la pretensión del establecimiento de las mencionadas técnicas eliminatorias de la inaccesibilidad de la televisión para las personas sordas:

a)	En el ámbito estatal, las leyes, ya citadas, reguladoras de las televisiones y de las telecomunicaciones, al incluir como fines propios de dichos medios de comunicación el respeto al derecho de libre expresión, al pluralismo social, lingüístico y cultural de todos y al derecho a la igualdad, en los términos expuestos antes. Además, La Ley 13/1.982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos (LISMI) –con más voluntarismo político, hartas veces incumplido, que efectividad jurídica-, establece en su art. 6, que “...Las medidas tendentes a la promoción educativa, cultural, laboral y social de los minusválidos se llevarán a cabo mediante su integración en las instituciones de carácter general, excepto cuando por las características de sus minusvalías requieran una atención peculiar a través de servicios y centros especiales...”. Si consideramos que los servicios de subtitulación textual o de traducción a lenguas signadas son medidas especiales –y necesarias- de promoción social de las personas sordas, respecto del servicio público esencial de televisión –que es, como se reconoce en su legislación específica, instrumento de promoción educativa, cultural y social-, generalmente prestado a través de la conjunción de imagen y sonido por parte de las emisoras de televisión, el principio contenido en el art. 6 de la LISMI puede servir de adecuado fundamento legal para exigir el establecimiento generalizado de tales medidas especiales.

b)	En el ámbito autonómico, además de las leyes especiales reguladoras de la televisión en los respectivos ámbitos territoriales, igualmente reseñados con anterioridad, son de destacar las leyes promulgadas para la eliminación de barreras de accesibilidad (que la LISMI limita, en el ámbito nacional, a las arquitectónicas y de movilidad), al incluir una regulación de las llamadas “barreras de comunicación”, que, por su extensión y falta de uniformidad normativa (auténtica “Torre de Babel” legislativa), se extracta en anexo.

Cabe decir aquí, a modo de resumen, que, dentro del ámbito de sus competencias en materia de actuación urbanística, de ordenación de transportes y de asistencia y servicios sociales, –asumidas al amparo de lo dispuesto en el art. 148.1. apartados 3º, 5º y 20º, de la Constitución y de sus respectivos Estatutos de Autonomía-, las Comunidades Autónomas –además de declarar que su política tenderá a la supresión de barreras arquitectónicas, sensoriales y sociales- han establecido, en la mayor parte de ellas, que se procurará la accesibilidad de todos a los medios de comunicación cuya titularidad o control les corresponda, bien dentro del marco general de eliminación de las barreras arquitectónicas y de comunicación, entendidas éstas como todo aquel impedimento que limite o impida la emisión o recepción de información, ya mediante el establecimiento expreso –pero de implantación gradual- de las técnicas de subtitulación textual o de la traducción a lenguas de signos gestuales. Pero, al igual que ocurre en el ámbito estatal con la LISMI, las declaraciones legislativas autonómicas están, en este punto, más cargadas de voluntarismo político, que de efectividad jurídica obligatoria, remitida en muchos casos a desarrollo reglamentario que no se ha realizado en profundidad.

V.- CONCLUSIÓN.

En conclusión, la exigibilidad del derecho de acceso a la televisión por parte de las personas con discapacidad auditiva, si se fundamenta en la legislación ordinaria, dependerá del grado de implantación en dicho medio de comunicación de las ayudas técnicas de subtitulación o de traducción a lenguas de signos, dependiente a su vez de coyunturales posibilidades presupuestarias y de precarias voluntades políticas. 

	Por lo que, aquí y ahora –sin perjuicio de la presión cotidiana que han de continuar ejerciendo las Asociaciones representativas de las personas sordas ante las instancias políticas y administrativas competentes-, para que se pueda hacer valer el derecho -efectivo- de acceso a los medios de comunicación por parte de los discapacitados auditivos, podría plantearse la necesidad de iniciar, administrativa y procesalmente, una línea de actuación reivindicativa que –con fundamento en los principios constitucionales antes expuestos- termine en una eventual declaración favorable por parte del Tribunal Constitucional español o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sólo así se podría obligar al legislador –estatal o autonómico- a que imponga a los gestores de los medios de comunicación “visuales” (la raíz significante “audio” queda aquí, deliberadamente, suprimida, por inaccesible) el deber incondicionado de hacer accesible dichos medios a todos, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo, de forma explícitamente imperativa y por medio de las correspondientes leyes (sustituyéndose, por ejemplo, el socorrido término “procurarán gradualmente” por el de “deberán”, en el plazo prudencial que expresamente se fije, con establecimiento expreso y claro de régimen sancionador para caso de incumplimiento). Vale.

ANEXO: EXTRACTO DE LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA ACERCA DE LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

-	Art. 10.b) de la Ley  Autonómica de Baleares 9/1.987, de 11 de febrero, de Acción Social, que considera la eliminación de barreras como un servicio social específico de integración social. La Ley Autonómica 3/1.993, de 4 de mayo, sobre Supresión de las Barreras Arquitectónicas y Mejora de la Accesibilidad, no hace mención alguna a las barreras de comunicación, limitándose exclusivamente a las urbanísticas, arquitectónicas y de transportes.

-	Art.2.4 de la Ley Foral de Navarra 4/1.988, de 11 de julio, sobre Supresión de Barreras Físicas y Sensoriales, que dice: “... Reglamentariamente se establecerán las normas que hagan posible la supresión de las barreras sensoriales actualmente existentes en: ...  Los informativos del Ente público Radio-Televisión Navarra... ”.

-	La Ley Autonómica de Cataluña 20/1.991, de 25 de noviembre, sobre Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, que, tras definir en su art. 3.3, la “Barrera de Comunicación (BC)” como “... todo aquel impedimento para la expresión y la recepción de mensajes a través de los medios de comunicación, sean o no de masas...”, establece en su art. 13.3 que “...Los medios audiovisuales dependientes de las Administraciones públicas elaborarán un plan de medidas técnicas que de forma gradual permita, mediante el uso del lenguaje mímico o de subtitulaciones, garantizar el derecho a la información...”. Desde la perspectiva del Derecho del Consumo, el art. 25 de la Ley Autonómica 3/1.993, de 5 de marzo, sobre Estatuto del Consumidor, extiende la protección dispensada por esta Ley con carácter especial a los discapacitados, al decir que “... En cuanto a los consumidores con disminuciones físicas o psíquicas, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias no sólo para evitar barreras urbanísticas y arquitectónicas y demás obstáculos, sino también para contribuir a su integración social como consumidores y usuarios...”. En el ámbito del Derecho de Menores, la Ley Autonómica 8/1.995, de 27 de julio, reconoce, en sus arts. 46 y 49, el derecho de los menores al acceso expedito a las zonas recreativas y a la participación en cualquier grupo.

-	La Ley Autonómica de Madrid 8/1.993, de 24 de junio, sobre Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, que, tras definir en su art. 3.b).4 las “Barreras de Comunicación Sensorial (BACS)” como “... todo aquel impedimento que imposibilite o dificulte la expresión o recepción de mensajes a través de los medios o sistemas de comunicación, sean o no de masas...”, señala en su art. 34.3 que “... Los medios audiovisuales de las Administraciones Públicas elaborarán un plan de medidas técnicas que de forma gradual permita, mediante el uso de lenguaje mímico o subtitular (sic), garantizar el derecho a la información...”.

-	La Ley Autonómica de Castilla-La Mancha 1/1.994, de 24 de junio, sobre Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, que, tras definir en su art. 3.3.d). las “Barreras en la Comunicación Sensorial” como aquéllas “... que impiden expresar o recibir mensajes a través de sistemas de comunicación, sean o no de masas ...”, señala en su art. 23, genéricamente y con referencia a la accesibilidad en la comunicación sensorial, que “...Para garantizar el derecho a la información, la cultura, la enseñanza y el ocio, la Junta de Comunidades fomentará el conocimiento de sistemas de comunicación accesibles a personas con limitaciones sensoriales; y las alternativas técnicas más eficaces. En especial se facilitará a todos los ciudadanos, durante su proceso formativo, el acercamiento a los sistemas de comunicación propios de personas con limitaciones sensoriales, tales como lenguaje de signos, escritura braille y cualquier otro de naturaleza análoga...”, sin referencia alguna, pues, a los medios de comunicación de masas. Derecho a la accesibilidad que se reitera en los arts. 16 y ss. de la Ley Autonómica 5/1.995, de 23 de marzo, sobre Solidaridad en Castilla-La Mancha.

-	La Ley Autonómica de La Rioja 5/1.994, de 19 de julio, sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas y Promoción de la Accesibilidad, que, tras definir en su art. 3.2.d las “Barreras de Comunicación Sensorial” como “... todos aquellos impedimentos que imposibiliten o dificulten la expresión o recepción de mensajes a través de los medios o sistemas de comunicación sean o no de masas ...”, omite cualquier regulación de la accesibilidad a medios de comunicación, quedando reducida la Ley a las barreras arquitectónicas, urbanísticas y de transporte público. En el ámbito general de los Servicios Sociales, el art. 8.2.h) de la Ley  Autonómica de La Rioja 2/1.990, sobre Servicios Sociales, por el que se procurará, para la integración social de los minusválidos, “... La supresión de las barreras arquitectónicas, sensoriales y sociales...”.

-	La Ley Autonómica de Canarias 8/1.995, de 6 de abril, sobre Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, que, tras definir en su art. 3.3, la “Barrera de Comunicación (BC)” como “... todo aquel impedimento para la recepción de mensajes a través de los medios de comunicación, sean o no de masas; así como en los sistemas de información y señalización...”, establece en su art. 19 lo siguiente: “...Accesibilidad en los sistemas de comunicación y señalización.-1. El Gobierno de Canarias, en colaboración con las distintas administraciones públicas, promoverá la total supresión de barreras en la comunicación y el establecimiento de mecanismos y alternativas técnicas que hagan accesibles los sistemas de comunicación y señalización a toda la población, garantizando el derecho de la población a la igualdad en la información, la comunicación, la enseñanza, la cultura, el ocio y las condiciones de trabajo.  2. La Comunidad Autónoma impulsará la formación de profesores de lenguaje de signos, de intérpretes de lenguaje de signos y guías de sordo-ciegos, a fin de facilitar cualquier tipo de comunicación directa a las personas en situación de limitación que lo precisen, instando a las distintas administraciones públicas canarias a dotarse de este personal especializado.    3. Los medios audiovisuales de titularidad de las administraciones públicas canarias elaborarán un plan de medidas técnicas que, de forma gradual, permita, mediante el uso del lenguaje de signos o subtitular (sic), garantizar el derecho a la información... ”. En el ámbito de la Protección de los Mayores, el art. 1.f) de la Ley Autonómica 3/1.996, de 11 de julio, de Participación Social y Protección de los Derechos de los Mayores, establece dentro de la política de protección de las personas mayores de 60 años, el principio de eliminación de las “... barreras físicas, administrativas y sociales que dificulten el ejercicio de sus derechos constitucionales...”.

-	La Ley Autonómica de Asturias 5/1.995, de 6 de abril, sobre Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, que señala en su art. 30 lo siguiente: “...Accesibilidad en los sistemas de comunicación sensorial y señalización.-1. El Principado de Asturias promoverá la supresión de las barreras sensoriales en la comunicación y el establecimiento de los mecanismos y alternativas técnicas que hagan accesibles los sistemas de comunicación y señalización a toda la población, garantizando de esta forma el derecho a la información, la comunicación, la cultura, la enseñanza, el ocio y el trabajo.  2. La Administración del Principado de Asturias impulsará la formación de profesionales intérpretes de la lengua de signos y de las guías de sordociegos, a fin de facilitar cualquier tipo de comunicación directa a las personas en situación de limitación que lo precisen, instando a las distintas Administraciones públicas a prestar este servicio por personal especializado....”, sin mención alguna, pues, a los medios de comunicación de masas.

-	La Ley Autonómica de Murcia 5/1.995, de 7 de abril, sobre Condiciones de Habitabilidad en Edificios y Promoción de la Accesibilidad General, tras definir en su art. 6.3.d) a las barreras de comunicación como aquéllas “... existentes en la emisión y recepción de mensajes a través de los medios de comunicación...”, establece en su art. 18.3 que “... Los medios audiovisuales dependientes de la Administración regional deberán contemplar las necesidades de las personas con limitaciones...”.

-	La Ley Autonómica de Cantabria 3/1.996, de 24 de septiembre, sobre Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, tras definir, en defectuoso castellano, en su art. 3.3.d) a las “Barreras de Comunicación Sensorial” como “...cuando supongan un impedimento que imposibilite o dificulte la expresión o recepción de mensajes a través de los medios o sistemas de comunicación....”, señala en su art. 22 lo siguiente: “...Disposiciones sobre barreras en la comunicación sensorial.-  1. Para garantizar el derecho a la información, la comunicación, la cultura, la enseñanza, el ocio y el trabajo, el Consejo de Gobierno promoverá la supresión de las barreras sensoriales en la comunicación y fomentará el establecimiento y desarrollo de los mecanismos y alternativas técnicas que hagan accesible los sistemas de comunicación y señalización a toda la población y, de un modo especial, a las personas con limitaciones sensoriales.  A tal efecto, se llevarán a cabo campañas informativas y educativas dirigidas a la sociedad, de cara a subrayar la importancia de la eliminación de las «Barreras de Comunicación» para la integración de las personas con esta discapacidad  2. El Consejo de Gobierno impulsará la formación de profesionales intérpretes de lenguaje de signos, escritura de Braille y cualquier otro de naturaleza análoga, a fin de facilitar cualquier tipo de comunicación directa a las personas en situación de limitación que lo precisen, instando a las diversas Administraciones Públicas a dotarse de personal especializado....”.

-	La Ley Autonómica de Aragón 3/1.997, de 7 de abril, sobre Supresión de las barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de los Transportes y de la Comunicación,  establece en su art. 3 las definiciones siguientes: “... 3. Se entiende por barreras aquellos obstáculos, trabas o impedimentos de carácter permanente o temporal, que limitan o dificultan la libertad de movimientos, el acceso, la estancia, la circulación y la comunicación sensorial de las personas que tienen limitada o disminuida, temporal o permanentemente, su movilidad o capacidad de relacionarse con el entorno... Barreras en la comunicación sensorial, las que impiden o dificultan expresar y/o recibir mensajes a través de los sistemas de comunicación sensorial (oral-auditivo, audiovisual...), sean éstos individuales o colectivos..”;  añadiendo en su art. 13 lo siguiente: “...Accesibilidad en la comunicación sensorial.- 1. Para garantizar el derecho a la información, la cultura, la enseñanza y el ocio, el Gobierno de Aragón fomentará el conocimiento de sistemas de comunicación accesibles a personas con limitaciones sensoriales mediante la utilización de las técnicas más eficaces.  2. Asimismo, el Gobierno de Aragón fomentará la instalación de sistemas de comunicación accesibles en los edificios de uso público. Se potenciará el uso del lenguaje de signos en la atención al público en las Administraciones públicas, así como la traducción simultánea al mismo en los actos oficiales públicos promovidos por las mismas. Se fomentará con carácter especial la colaboración con aquellas entidades y asociaciones cuya finalidad se encuentre encaminada a la defensa de aquellos colectivos afectados por estas disminuciones físicas y sensoriales.  3. Los poderes públicos instrumentarán las campañas de información que sean necesarias para conseguir el cumplimiento de la presente Ley...  7. La Administración autonómica impulsará la formación de profesionales intérpretes de signos y guías de sordos-ciegos, a fin de facilitar cualquier tipo de comunicación directa a las personas en situación de limitación que lo precisen, instando a las distintas Administraciones públicas a dotarse de este personal especializado...  9. Si se creasen medios audiovisuales dependientes de las Administraciones públicas aragonesas, éstos deberán elaborar un plan de medidas técnicas que de forma gradual permita, mediante el uso de la lengua de signos o de subtitulaciones, garantizar el derecho a la información...”.

-	La Ley Autonómica de Extremadura 8/1.997, de 18 de junio, sobre Promoción de la Accesibilidad, restringe, con evidente imprecisión técnica, en su art. 3.3.4, el concepto de “Barreras de Comunicación Sensorial” como un subtipo de barrera arquitectónica, al decir que son tales las “... que existen en los sistemas de información y señalización utilizados en la urbanización, la edificación o el transporte y que dificultan a las personas con discapacidad sensorial la utilización del medio por la imposibilidad o dificultad de emisión o recepción de mensajes...”, señala en su art. 34 lo siguiente: “...Accesibilidad en los sistemas de comunicación sensorial y señalización.-1. En la Comunidad Autónoma de Extremadura se promoverá la supresión de las barreras sensoriales en la comunicación y el establecimiento de los mecanismos y alternativas técnicas que hagan accesibles los sistemas de comunicación y señalización a toda la población, garantizando de esta forma el derecho a la información, comunicación, la cultura, la enseñanza, el ocio y el trabajo.  2. Las Administraciones Públicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura impulsarán la formación de profesionales intérpretes de la lengua de signos y de las guías de personas con deficiencias auditivas y visuales, a fin de facilitar cualquier tipo de comunicación directa a las personas en situación de limitación que lo precisen.  3. Las Administraciones Públicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma fomentarán la instalación de sistemas de comunicación accesibles en los edificios de uso público.  4. Se potenciará el uso del lenguaje de signos en la atención al público de las Administraciones Públicas y de traducción simultánea al mismo en los actos oficiales públicos promovidos por las mismas.  5. Se fomentará con carácter especial la colaboración con aquellas entidades y asociaciones cuya finalidad se encuentre encaminada a la protección de aquellos colectivos afectados por estas disminuciones físicas y sensoriales.  6. Los medios audiovisuales dependientes de las Administraciones Autonómica y Local, elaborarán un plan de medidas técnicas que de forma gradual permita, mediante el uso del lenguaje mímico o subtitular (sic), garantizar el derecho a la información... ”.

-	La Ley Autonómica de Galicia 8/1.997, de 24 de agosto, de Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, tras definir en su art. 3.b) las “Barreras en la Comunicación (BC)” como “... todo aquel impedimento para la expresión y la recepción de mensajes a través de los medios de comunicación...”, dispone en su art. 29 lo que sigue: “...Accesibilidad de los sistemas de comunicación y señalización.   1. Las administraciones públicas gallegas deberán promover la supresión de barreras en la comunicación y el establecimiento de los mecanismos  y alternativas técnicas que hagan accesibles los sistemas de comunicación y señalización a toda la población.   2.- Las administraciones públicas gallegas fomentarán la formación de profesionales intérpretes de la lengua de signos y guías de sordos-ciegos, facilitando así la comunicación directa al discapacitado auditivo o sordo-ciego, y la existencia en las distintas administraciones públicas de esta personal especializado.  3. Los medios de comunicación audiovisuales dependientes de las administraciones públicas gallegas realizarán y mantendrán debidamente actualizado un plan de medidas técnicas que permita gradualmente, mediante el uso de la lengua de signos o de subtitulaciones, garantizar el derecho a la información a las personas con limitaciones auditivas...”.  En el ámbito del Derecho de Familia, la Ley Autonómica 3/1.997, de 9 de junio, Reguladora de la Familia, la Infancia y la Adolescencia, establece en su art. 15, entre otras medidas de prevención, que “... La Xunta de Galicia, a través de la Consellería competente y en colaboración, en su caso, con las corporaciones locales y los agentes sociales, promoverá, entre otras, las siguientes medidas: ... e) El desarrollo de programas de integración social de la infancia y la adolescencia con dificultades especiales, dirigidos a procurar la eliminación de aquellas barreras físicas y de comunicación que les impidan su pleno desarrollo personal y su integración educativa y social...”.

-	La Ley Autonómica de Valencia 1/1.998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma Valenciana, dispone en su art. 16 lo siguiente: “...1. para garantizar la accesibilidad en la comunicación se eliminarán todos aquellos impedimentos en la recepción de mensajes a través de los medios de comunicación, sean o no de masas, así como en los sistemas de información y señalización..    2. El Consejo de la Generalidad promoverá la supresión de las barreras sensoriales en la comunicación y el establecimiento de los mecanismos y alternativas técnicas que hagan accesibles los sistemas de comunicación y señalización a toda la población, garantizando de esta forma e derecho a la información, la comunicación, la cultura, la enseñanza, el ocio y el trabajo... 2. El Gobierno de la Generalidad impulsará la formación de Profesores y profesoras de lengua de Signos, de Braille, de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías de Sordo-Ciegos, y cualquier otro de naturaleza análoga, a fin de facilitar cualquier tipo de comunicación directa a las personas en situación de limitación sensorial que lo precisen, instando a las diversas Administraciones públicas a dotarse de personal especializado   3. Los medios de comunicación audiovisuales dependientes de las Administraciones Públicas Valencianas elaborarán un plan de medidas técnicas que permita que facilite la recepción de mensajes en las situaciones en que concurre una limitación sensorial... 4. Las Administraciones Públicas Valencianas promoverán las condiciones para eliminar i paliar las dificultades que tienen las personas que padecen limitación sensorial, ofreciendo la señalización precisa para que se permita el acceso a la información y a la comunicación, es decir   a) Se dotarán los lugares de contacto con el público de ayudas y mecanismos que posibiliten la comunicación, así como de teléfonos especiales en lugares de uso común.   B) Se complementarán los sistemas de aviso y alarma que utilizan fuentes sonoras con impactos visuales que capten la atención de las personas con limitación auditiva... 5. Las Administraciones Públicas potenciarán los materiales de lectura para las personas con limitaciones sensoriales relativas a la visión...”. En otro ámbito competencial, La Ley Autonómica de Valencia 7/1.994, de 5 de diciembre, sobre la Infancia, establece en su art. 19 que “... El Gobierno Valenciano implantará, a través de sus respectivas Consejerías, la creación y desarrollo de los servicios especializados de accesibilidad que requieran un alto contenido técnico y profesional, y establecerá, al menos, los siguientes programas: ... Eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación... Los órganos competentes de la Generalidad Valenciana adoptarán las medidas necesarias para remover barreras arquitectónicas, de comunicación y cuantos obstáculos impidan la plena integración de la infancia en la vida social y cultural, con una especial sensibilidad hacia aquellos o aquellas menores con minusvalías físicas o psíquicas...”. La Ley Autonómica 5/1.997, de 25 de junio, sobre Servicios Sociales, amplía esta protección a todos los usuarios, dentro de los programas de actuación de los Servicios Sociales.